​               La Toma y Retoma del Palacio de Justicia​

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Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá, Colombia, tuvieron lugar la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y su retoma por parte de las fuerzas del Estado.  A pesar de que días antes había sido descubierto un plan del M-19 para tomarse el Palacio, el 6 de noviembre el edificio amaneció sin vigilancia policial, y poco antes del medio día fue asaltado por el comando guerrillero.  Los integrantes del M-19 tomaron como rehenes a quienes estaban dentro del Palacio y plantearon varias exigencias al gobierno nacional. A pesar de la toma de rehenes, entre los que se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, el entonces Presidente de la República, Belisario Betancur y su gobierno se negaron a entablar negociaciones, y fue desplegada una operación de retoma por parte del Ejército y la Policía Nacional. Mientras ésta se desarrollaba, el magistrado Alfonso Reyes Echandía,  presidente de la Corte Suprema de Justicia, le pidió a través de una transmisión radial al Presidente de la República que ordenara un cese al fuego y entablara negociaciones, pero su llamado fue desoído y la toma continuó.

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Después de 27 horas de combates en los que las fuerzas del Estado emplearon tanques de guerra y rockets para disparar contra el edificio y dentro de él, éstas dieron parte de victoria de la operación de retoma. Además del edificio en ruinas por los combates y un incendio que lo devoró parcialmente, tras la retoma quedaron cerca de 100 muertos entre rehenes y guerrilleros -incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia- y 12 desaparecidos.
 

Hoy todavía los familiares de los desaparecidos y la sociedad colombiana se preguntan por su paradero, dado que diversos testigos y videos tomados por equipos de prensa que cubrían el acontecimiento han permitido establecer que varios de ellos fueron sacados con vida del Palacio por las fuerzas del Estado. Según algunos de esos testimonios, entre los que se encuentran los de sobrevivientes que fueron torturados en guarniciones militares después de haber sido rescatados del Palacio y ex militares que participaron de las operaciones, las fuerzas del Estado excluyeron de las listas oficiales de rescatados a varios sobrevivientes, a quienes condujeron a sus guarniciones para ser interrogados bajo tortura, y la mayoría de estos asesinados y desaparecidos. Los testimonios y videos, así como los análisis forenses también han permitido establecer que sobrevivientes como los magistrados Manuel Gaona y Carlos Horacio Urán, y varios guerrilleros que se encontraban fuera de combate, fueron ejecutados por el Ejército y posteriormente presentados como muertos en combate o asesinados por el comando del M-19.

A partir de 2001, tras 15 años de lucha de los familiares de los desaparecidos por dar con su paradero a lo largo de los cuales sufrieron amenazas, hostigamientos y ataques que incluyeron el asesinato de su representante, el abogado Eduardo Umaña Mendoza. Se abren investigaciones que conllevan a procesos jurídicos contra los altos mandos de la fuerza pública de ese entonces.  

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El 10 de Diciembre del año 2014, el día de los Derechos Humanos, se publicó la sentencia en la que el estado Colombiano fue declarado culpable y condenado por la Corte InterAmericana de Derechos Humanos (CIDH) por los delitos de omisión y acción en crìmenes contra el derecho a la vida por desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente la Corte definió culpable a todas las entidades estatales involucradas, por las irregularidades y por la manipulaciòn de la información y de la escena del crimen en donde se propicio la manipulación del escenario de los hechos para ocultar estos crìmenes. Así se le ordenó al estado colombiano  agotar todos los esfuerzos y acciones necesarias para llegar a la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Varias medidas de reparación fueron dictadas con un plazo de 2 años para su cumplimiento.  Una de estas, un acto público en donde el Presidente presentó el reconocimiento internacional de la responsabilidad de estos crímenes, cumplido en la última conmemoración el 6 de Noviembre del 2015. Sin embargo varias de las medidas en materia de satisfacción, rehabilitación y de indemnización compensatoria dictadas por las cortes internacionales y la jurisdicción nacional no se han llevado a cabo.  Solo restan 3 padres de los desaparecidos y en 30 años de estos hay varios familiares que ni siquiera han sido resueltas sus indemnizaciones en lo contencioso administrativo.   

 

En Octubre del 2015, la Fiscalía halló los cuerpos de tres de los doce desaparecidos (Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Porterla León y la visitante ocasional Lucy Amparo Oviedo). Sin embargo falta mucho por esclarecer pues dentro de los últimos videos que se han desclasificado se puede ver salir a Luz Mary Portela León salir viva en manos del Ejército.  Estos tres hallazgos se encontraron en su mayoría en cementerios privados y fragmentos de los restos de la víctima Oviedo como parte de otra persona en una fosa común en el cementerio del Sur. Sin embargo falta la verdad de cómo fallecieron estas víctimas, el porqué de la ubicación y cúal fue su destino. Adicionalmente se abrieron nuevas heridas, nuevas desapariciones, pues el cuerpo que correspondía a Cristina Guarín era el que se en donde antes se identificaba como Maria Isabel Ferrer y el de Luz Mary Portela León corresponde con el de Libia Rincón Mora. En el caso de Lucy Amparo Oviedo esté se encontraba como fragmento de los restos de otra persona. Dentro de los procedimientos que adelantó la Fiscalía,  se debe resalatar la falta de humanismo, pues esta entidad nisiquiera se preocupó por informarle a las familias  de los nuevos desaparecidos que estaban llevando a cabo exhumaciones con los cuerpos de sus seres queridos y los hijos y demás familiares se enteraron de esta noticia de que ahora el estado de sus familiares  es que están desaparecidos a través de los periódicos online.  Meses después se conoce que María Isabel Ferrer, nueva desaparecida si encontraba dentro de la tumba donde se encuentra Cristina Guarín pero únicamente fragmentos de sus piernas. El 14 de enero del 2016, una desaparecida que no había sido mencionado, María Lida Mondol fue hallada y entregada a sus seres queridos.

 

El 16 de diciembre del 2015 el Coronel Plazas fue dejado en libertad ya que la Corte Suprema de Justicia decidió que no habían pruebas suficientes que determinarán la culpabilidad del involucrado. Sin embargo el debe rendir testimonio para la aclaración de los hechos pues después de casi 8 años de estar recluído en una guarnición militar, terminó aceptando que una de las personas por las que fue condenado la guerillera Irma Franco si sale con vida y es entregada a Inteligencia militar por lo cual se debe aclarar su paradero. Asi mismo el General Jesus Armando Arias Cabrales fue declarado culpable por la desaparición de los trabajadores de la cafetería Carlos Augusto Rodriguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis, Luz Mary Portela León y la guerrillera del M19, Irma Franco.  El 12 de enero del 2016, el coronel Edilberto Sanchez Rubiano es condenado en primera instancia a 40 años de prisión por la desaparición forzada agravada de los trabajadores de la cafetería Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernandez. Este sin embargo no se encuentra recluído pues sufre de ceguera a su avanzada edad. Adicionalmente se condena al mayor Óscar William Vásquez a 40 años de prisión por desaparición forzada agravada. Uno de los elementos determinantes para estas dos últimas condenas son las grabaciones que un radioaficionado logró grabar durante los hechos en el cual se pueden oir las órdenes militares en que se ordena acabar con todo y no guardar municiones, la orden de demorar a la cruz roja y la respuesta entre el coronel Luis Carlos Sadovnik y Edilberto Sanchez Rubiano en donde la respuesta a si está identificando el personal y la identificación de una abogada es que "si aparece el chaleco, que no aparezca la manga". 

 

Otros catorce altos mandos militares y miembros de la policía nacional colombiana deberán rendir indagatoria desde mediados de febrero y comienzos de marzo del 2016. Una preocupación general de este caso es que este será acogido por el marco jurídico especial para la paz derivado de los procesos de paz de la Habana con las FARC en donde se aplicará justicia transicional dejando el caso expuesto a la impunidad y carente de verdad negociando amnistías por verdades que han estado ausentes por más de tres décadas.

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