​               La Toma y Retoma del Palacio de Justicia​

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Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá, Colombia, tuvieron lugar la Toma y Retoma del Palacio de Justicia por parte de un comando del comando guerrillero M-19 y su retoma por parte de las fuerzas armadas del Estado. A pesar de que días antes había sido descubierto el plan del M-19 para tomarse el Palacio, el 6 de noviembre el edificio amaneció sin vigilancia policial, y poco antes del medio día fue asaltado por el comando guerrillero. Los integrantes del M-19 tomaron como rehenes a quienes estaban dentro del Palacio y plantearon varias exigencias al gobierno nacional. A pesar de la toma de rehenes, entre los que se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el entonces Presidente de la República, Belisario Betancur y su gobierno se negaron a entablar negociaciones para un cese al fuego, y fue desplegada una operación de retoma por parte del Ejército y la Policía Nacional. Mientras ésta se desarrollaba, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le pidió a través de una transmisión radial al Presidente de la República que ordenara un cese al fuego y entablara negociaciones. Su llamado fue desoído y la retoma continuó.

 

Después de 27 horas de combates en los que las fuerza pública empleó tanques de guerra y rockets para disparar contra la edificación, éstas dieron parte de victoria de la operación de retoma. Además del edificio en ruinas por los combates y un incendio que devoró el Palacio parcialmente, posterior a la retoma el saldo fue de cerca de 100 muertos entre rehenes y guerrilleros -incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia - y 12  personas desaparecidas.
 

Todavía los familiares de los desaparecidos y la sociedad colombiana se preguntan por el paradero de estos, dado que diversos testimonios, testigos y videos tomados por equipos de prensa que cubrían el acontecimiento, permitieron establecer que varios de los desaparecidos fueron sacados con vida del Palacio por las fuerzas del Estado. Según pruebas y testimonios, entre los que se encuentran los de los sobrevivientes que fueron torturados en guarniciones militares después de haber sido rescatados del Palacio y ex militares que participaron de las operaciones, las fuerzas del Estado excluyeron de las listas oficiales de rescatados a varios sobrevivientes, a quienes condujeron a sus guarniciones para ser interrogados bajo tortura, y la mayoría de estos asesinados y desaparecidos. Los testimonios y videos, así como los análisis forenses también han permitido establecer que sobrevivientes como los magistrados Manuel Gaona y Carlos Horacio Urán, y varios guerrilleros que se encontraban fuera de combate, fueron ejecutados por el Ejército y posteriormente presentados como muertos en combate o asesinados por el comando del M-19.
 

A partir de 2001, tras 15 años de lucha de los familiares de los desaparecidos por dar con su paradero a lo largo de los cuales sufrieron amenazas, hostigamientos y ataques que incluyeron el asesinato de su representante, el abogado Eduardo Umaña Mendoza, la Fiscalía colombiana abrió formalmente una investigación por la desaparición forzada de las 12 personas. Tras varios años de investigaciones y juicios el proceso condujo a la condena de dos altos comandantes de la retoma por la desaparición forzada de sobrevivientes: el coronel Alfonso Plazas Vega quien fue condenado en junio de 2009 a 30 años de prisión, y el general Jesús Armando Arias Cabrales quien fue condenado en abril de 2011 a 35 años de prisión. Si bien las sentencias fueron recibidas por los familiares y sobrevivientes como pequeños pasos hacia el logro de verdad, justicia y reparación, éstas recibieron el rechazo de numerosos funcionarios del Estado colombiano, incluyendo los presidentes que se encontraban en ejercicio en cada momento: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Por otra parte, la justicia colombiana no ha actuado contra otros agentes del Estado implicados en las desapariciones, ni ha atendido el reclamo de los familiares de las víctimas de que se vincule a los procesos al entonces presidente Belisario Betancur y su gobierno, como responsables del devastador operativo de retoma.
 

Hoy en día, cuando la lucha de los familiares de los desaparecidos y ejecutados completa ya las tresdécadas, el caso fue fallado en contra del Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual tuvieron que acudir  en busca de la justicia integral que les ha sido negada desde 1985.

La verdad, justicia y reparación de la dignidad de los desaparecidos y sus familiares ha sido sistemáticamente vulnerada por los agentes del Estado. A la calamidad de ver a sus seres queridos arrancados de sus grupos familiares y sociales se han sumado las amenazas, el asesinato de su abogado en 1998, la obstrucción de la justicia, el respaldo público concedido a los militares condenados por parte de los presidentes de la república y otros funcionarios del Estado, un cumplimiento parcial de las condenas por los senteenciados y la acusación de que los desaparecidos no existen sino que fueron inventados por familiares y abogados para perjudicar la imagen de las fuerzas militares y cobrar jugosas indemnizaciones. En ese marco, aunque el objetivo de la lucha de los familiares de los desaparecidos y ejecutados es establecer qué sucedió con ellos y quiénes son los responsables, las fuerzas militares y sus partidarios se han esforzado desde dentro y fuera del Estado para desviar la discusión pública, acusándolos de tachar a los agentes del Estado de criminales por haber repelido el ataque del comando del M-19 y culpando a dicha guerrilla de las desapariciones y ejecuciones de las cuales varios de sus combatientes también fueron víctimas. De ese modo han intentado desacreditar a los familiares de los desaparecidos y ejecutados, presentándolos como enemigos del Estado dispuestos a recurrir a testigos falsos, independientemente de que la autenticidad de dichos testigos ha sido demostrada.
 

A pesar de las persecuciones, la impunidad y las calumnias, existe un lucha contínua por los familiares de los desaparecidos y ejecutados por alcanzar verdad, justicia y reparación integral. Aunque algunos de ellos ya fallecieron sin saber qué sucedió con sus seres queridos, y los responsables de las desapariciones y asesinatos viven en la impunidad incluso a pesar de haber sido sentenciados, su lucha contra la injusticia y el olvido continúa, y a ella se han sumado muchos que aunque a veces no conocieron a sus abuelos o tenían pocos días de nacidos cuando sus padres fueron sometidos a desaparición forzada, continúan preguntando junto con los más viejos por el paradero de los desaparecidos.  

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